La jueza decana María Rosa Martínez López, en la memoria anual sobre la situación de los juzgados remitida al TSJCyL, sostiene que el Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 2, a quién se le ha atribuido el conocimiento exclusivo y excluyente de todos los litigios relacionados con las condiciones generales en contratos financieros, soporta una carga de trabajo «absolutamente inasumible» al haber aumentado un 254% el número de demandas en 2017. Pide además que se pueda separar las jurisdicciones entre lo civil y lo penal a entender que todos los juzgados de la capital superan el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial cifrado en un máximo de 550 demandas o asuntos. Por su parte, la Audiencia Provincial se encuentra al día según el presidente de la institución Ignacio Javier Ràfols. Reitera en su informe remitido al TSJ que la derogación de tasas ha desencadenado más recursos en el ámbito de lo Civil.