La Concejalía de Urbanismo presentó ayer el borrador de la Ordenanza Municipal Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios. Una normativa que tiene como objetivo evaluar el estado de conservación de los edificios, las condiciones básicas de accesibilidad universal y su eficiencia energética.

Los planes del Ayuntamiento pasan por aprobarla en el pleno de este mes, lo que significa que entrará en vigor este año. Aunque se compondrá un registro de los edificios sujetos a inspección -será expuesto en la página web municipal-, la Ordenanza establece que el próximo año deberán presentar este Informe las edificaciones anteriores a 1950. En 2016, aquellas construidas entre 1951 y 1960; al año siguiente, las edificadas entre 1961 y 1970; en 2018 las que datan entre 1971 y 1973; y, a partir de 1974 tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre del año siguiente a cumplir los cuarenta años. La cifra de las viviendas de más de 40 años cuyos edificios necesitarán superar este examen rondaría entre el 30 y 40 por ciento del total de la ciudad.

En la capital se concentran 3.414 edificios de más de 40 años, que albergan 14.571 viviendas según los datos del INE. 

Son los propietarios de los edificios los que están obligados a efectuar el Informe de Evaluación. Según consta en el borrador de la Ordenanza -que puede sufrir modificaciones en su camino hacia la aprobación definitiva-, el primer Informe deberá realizarse dentro de los doce meses siguientes a aquél en que el edificio cumpla 40 años desde la fecha de la terminación total de su construcción u obras de rehabilitación integral. No obstante, el Ayuntamiento podrá requerir a un propietario su realización de forma anticipada si detecta daños graves. ¿Quién hará estos Informes de Evaluación de los Edificios? Técnicos facultativos competentes.

Estas inspecciones sólo pueden tener dos resultados. Uno favorable, que conllevará su anotación en el Registro de Edificios y otorgará un plazo de diez años. O desfavorable.

informe desfavorable. En este caso, el Informe debe detallar las deficiencias a subsanar y el propietario está obligado a ejecutar las obras necesarias. En un plazo máximo de tres meses deberá solicitar la correspondiente licencia de obras.

Los Informes desvaforables incluirán la descripción y localización de las deficiencias, la descripción de las medidas inmediatas de seguridad y un presupuesto estimativo de todas las medidas, trabajos y obras necesarias.

Con esta normativa, el capitalino será uno de los primeros Ayuntamientos de España que refunda dos normativas, una estatal (Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana) y otra regional (Ley sobre Urbanismo de Castilla y León).

El Consistorio se ampara en la necesidad de «transmitir una cultura a los ciudadanos» que redunde «en una mejor conservación general de la edificación y una mejor accesibilidad y eficiencia de la misma».

Los informes engrosarán el Libro del Edificio y formarán parte de un Registro que, según expone el Ayuntamiento, «dotará de mayor seguridad jurídica y técnica a los usuarios del mercado inmobiliario de viviendas de cierta antigüedad o rehabilitadas».

Ese es el lado bonito de la norma. El malo es que si el Informe no es positivo, exigirá un desembolso económico a los propietarios. 

Es en este punto donde la oposición muestra su escepticismo. Tanto el Grupo Municipal Socialista como el de Izquierda Unida consideran que esta ordenanza repercutirá gravemente en las personas que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis, que generalmente viven en edificios antiguos. 

Cómo se reflejará la ordenanza en el ordenamiento fiscal del Ayuntamiento y la articulación de subvenciones -sobre todo desde el ámbito regional- son otras cuestiones que la oposición quiere aclarar antes de que llegue al Pleno.

 

Falta de personal